Editorial
Hablar de inversión en hospitales no es un tema menor. En Puebla, el gobierno estatal informó que durante este año se destinaron más de 500 millones de pesos a la rehabilitación de 55 hospitales y clínicas de segundo y tercer nivel, unidades que hoy operan bajo el esquema de IMSS-Bienestar, pero que siguen siendo clave para la atención cotidiana de miles de personas.
Más allá de la cifra, el dato relevante está en el alcance territorial. Municipios de la Sierra Norte, la Sierra Nororiental y el interior del estado —como Huauchinango, Zacatlán, Cuetzalan, Teziutlán o Tehuacán— forman parte de estas acciones, regiones donde el acceso a servicios médicos especializados suele ser limitado y donde la infraestructura marca la diferencia entre atención o traslado.
El gobierno estatal sostiene que, aunque ya no es rector de estas unidades, mantiene la responsabilidad de fortalecerlas. En ese punto, la inversión en espacios físicos, equipamiento y rehabilitación se vuelve una decisión pública que impacta directamente en la calidad del servicio, aun cuando la operación dependa de otra institución.
De cara a 2026, también se anunciaron nuevos proyectos de rehabilitación en hospitales estratégicos, como el de Traumatología y Ortopedia, el Hospital de la Niñez Poblana y varios hospitales generales del estado. La expectativa es mejorar la capacidad de atención; el reto será que estas obras se reflejen en servicios funcionales y accesibles para la población.
La Secretaría de Salud presentará informes sobre el destino de los recursos, un paso necesario para que la inversión pública no solo se anuncie, sino que pueda ser entendida y seguida por la ciudadanía.
En un sistema de salud con rezagos históricos, la infraestructura no resuelve todo, pero sí marca el punto de partida sobre cómo se atiende un derecho básico.
