Editorial
El devastador terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Birmania el pasado 28 de marzo ha dejado un saldo trágico: más de 2,000 muertos y cerca de 4,000 heridos, según datos de la junta militar y la oposición prodemocrática. Sin embargo, medios independientes elevan la cifra de fallecidos a 3,000 y denuncian que la asistencia del régimen es insuficiente.
A la destrucción causada por el sismo se suma la violencia. Los enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas continúan, dificultando aún más la llegada de ayuda a las regiones más afectadas, como Sagaing y Mandalay. La ONU ha solicitado un cese de hostilidades para facilitar el rescate de víctimas, pero los bombardeos no han parado: al menos 11 ataques han sido reportados desde el desastre, dejando más muertes y complicando la crisis.
La ayuda llega, pero con trabas
A tres días del terremoto, el apoyo internacional avanza a paso lento. Equipos de rescate de China y Rusia –los principales aliados de la junta militar– ya están operando en el terreno, mientras que organismos humanitarios buscan acceso sin restricciones para brindar medicinas y alimentos. La ONU ha advertido que los hospitales están desbordados y miles de personas duermen en las calles, temiendo nuevas réplicas.
Para agravar la situación, la junta militar ha restringido la entrada de prensa extranjera, limitando la cobertura de una tragedia que sigue en desarrollo. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue presionando para que el régimen facilite el acceso de más equipos de rescate y permita la llegada de más ayuda humanitaria.
